En los últimos días salió a la luz, en el Ayuntamiento de Vic de Catalunya, un nuevo caso de xenofobia institucional contra los inmigrantes. Este Ayuntamiento está gobernado por una alianza de Convergència i Unió (CiU), Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Estos grupos más los cuatro concejales de la ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC) habían acordado prohibir el empadronamiento a aquellos inmigrantes que no tengan papeles, aunque, a regañadientes, se volvieron atrás en los últimos días. El argumento es que no hay suficientes recursos para sostener los servicios de sanidad y educación. Sólo los concejales Iniciativa per Catalunya i Verds (ICV) y de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) se han manifestado en contra.

Las reacciones

De CiU i PSC no extrañan estas posiciones puesto que siempre han estado al costado de la burguesía aunque suelen cuidar su discurso. Montilla cuando era alcalde en Cornellà y Corbarcho cuando lo era en L’Hospitalet de Llobregat son conocidos por su mano dura contra el trabajador inmigrante. Es impresionante ver cómo ERC que dice ser un partido de izquierda acuerda con los fascistas de PxC una medida tan reaccionaria. Además, las declaraciones hechas desde la Generalitat no se quedan atrás. Montilla dijo que hay un problema a resolver en aquellos barrios o ciudades de alta composición inmigrante, haciendo el juego al discurso xenófobo: inmigración = problemas (o delincuencia). Desde la Presidencia salieron los ministros Rubalcaba y Corbacho a decir que el Ayuntamiento debe cumplir la ley. Ellos saben que la Ley de Extranjería está en contra de los inmigrantes. Por eso estos hipócritas piden que la cumplan: te empadronan pero en condiciones esclavistas y casi sin derechos. Lo que es impresionante es haber escuchado a Gaspar Llamazares pidiendo lo mismo. ¿Qué clase de izquierda puede pedir que se cumpla la Ley de Extranjería? ¿Izquierda Unida o Izquierda Hundida? Rajoy también se sumó a éste heterogéneo coro, aunque pidiendo que el Parlamento reforme la Ley (que ya fue reformada hace pocos meses) con los criterios de la inquisición.

Cada vez más descaradamente el discurso anti-inmigración es alentado por los partidos parlamentarios tradicionales y deja de ser patrimonio exclusivo de los grupos fascistas.

En todo el Estado Español y la UE

Este nuevo caso racista se suma al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que también incurrió en el mismo tipo de práctica. En éste caso dirigido por un alcalde del PP. Pero estos no son casos aislados, son solo los casos que llegan a la luz pública. Hace pocos meses en el Parlamento del Estado Español se votó el reglamento de la Ley de Extranjería. No hay que olvidar que en el Gobierno de Aznar a los inmigrantes sin papeles se les ha dejado en un limbo y expuestos a las mafias protegidas por la burguesía. Hace unos meses se hacía pública una orden a la policía para detener inmigrantes a la salida de los transportes públicos y en horario laboral.

Recientemente en Italia fueron expulsados por la mafia de una ciudad siciliana miles inmigrantes que trabajaban en las cosechas, con el consentimiento del Estado. En Francia se prohibió el uso del velo integral a las mujeres musulmanas en los lugares públicos. En Suiza se votó en contra de la construcción de mezquitas. En los otros países de Europa las restricciones de empadronamiento es peor aún que en España. El capitalismo y sus representantes políticos solamente podrán empeorar la vida de los inmigrantes y de los trabajadores en general, mucho más en tiempos de crisis económica, como la actual.

Los sindicatos y la izquierda institucional

La dirección de los sindicatos obreros se demuestra una vez más impotente para afrontar el ataque capitalista. Por una parte CCOO de Catalunya exige el cumplimiento de las reaccionarias Constitución y Ley de Extranjería . Por la otra, UGT se limita a recordar algunos de los pocos derechos que tienen los inmigrantes sin papeles. En ningún momento hacen llamamiento alguno a movilizaciones unitarias de trabajadores nativos e inmigrantes en las principales ciudades, en ningún momento denuncian la política criminal de enfrentar a los trabajadores entre sí. En síntesis, se adaptan a la miseria que nos da éste sistema.

La izquierda institucional también cae en la impotencia. Por ejemplo, ICV coaligada con IU en Catalunya y en el Estado, le exige a la Generalitat que haga lo necesario para evitar las medidas racistas de Vic . Pero si entre los racistas más destacados se encuentra el mismo PSC que encarcela a inmigrantes musulmanes sin pruebas diciendo que son terroristas. No podemos olvidarnos que Imma Mayol (ICV), siendo Alcalde accidental de Barcelona se encargó de reprimir a los sin papeles que acampaban en la Plaça Catalunya. También es sorprendente aún la política de la CUP de Vic. Mientras el Consistorio de Vic prohibirá el empadronamiento y de ésta manera hará imposible de manera inmediata el acceso a la sanidad y a la educación a miles de inmigrantes, la CUP “…estudia recurrir judicialmente…” el mismo. Lamentablemente, no dice ni una palabra de movilizaciones, ni actos, ni convocatorias.

Situación desesperada

Los inmigrantes están padeciendo la crisis mucho más fuertemente que los nativos con una tasa de paro que duplica la media. La pobreza y las condiciones de vida de hacinamiento son terribles. Las necesidades insatisfechas hacen que su situación laboral y social sea desesperada. A esto hay que sumar que desde hace años que sufren un recorte constante de derechos, como pasara recientemente con la nueva Ley de Extranjería y su reglamento. Ahora con estas medidas, como las de Vic, les quitan los más mínimos derechos.

La burguesía con estas medidas pretende aterrorizar a los inmigrantes sin papeles para poder explotarles más, puesto que no tienen derechos sindicales. Al mismo tiempo pretende alentar la lucha entre trabajadores (nativos vs extranjeros). Mientras los trabajadores se pelean, los empresarios se llevan la pasta y nos castigan con los despidos.

Sólo sobran empresarios esclavistas y políticos corruptos

Un amplio arco de grupos políticos que van desde los fascistas, pasando por el PP de Rajoy, hasta incluso ministros de ZP y ERC plantean que España no hay recursos para todos y que no se puede recibir más inmigrantes. Este discurso comienza a hacerse carne en algunos sectores sociales. Así suelen explicar las demoras en la atención hospitalaria, los graves problemas educativos con aulas superpobladas, etc. Con ésta forma “elegante” de fascismo tratan de enfrentar a los trabajadores nativos con los inmigrantes. Pero el problema real es que ZP, en lo que va de la crisis, ha destinado algunas centenas de millones de euros para la banca y las grandes empresas. No solo que está vaciando los recursos del Estado, sino que está dejando una deuda que hipotecará a varias generaciones. Al mismo tiempo, aumenta los impuestos al consumo afectando a los sectores más pobres de la sociedad y recorta todo tipo de ayudas sociales y servicios públicos dejándoles al borde de la quiebra (argumento con el cual quieren privatizarlos).

En el Estado Español no sobran personas. Lo que sobran son los empresarios esclavistas que echan miles y miles de trabajadores y los políticos corruptos que entregan los impuestos que el pueblo paga a esos grandes empresarios y llenan sus bolsillos con sus turbios negocios de la especulación inmobiliaria.

Abajo la criminal Ley de Extranjería: derechos para todos

Los trabajadores de todo el Estado Español debemos combatir la política racista que hacen los representantes políticos del gran empresariado y sus agentes en las filas obreras. En primer lugar, porque debe ser derecho democrático universal el acceso a la sanidad y a la educación. Y, en segundo, porque es un ataque directo a un sector de la clase obrera: los trabajadores inmigrantes y sin papeles que son los más oprimidos por el sistema. El problema no son los trabajadores inmigrantes, son los empresarios que hicieron más de un millón despidos y se embolsan los millones de euros que ZP les regaló. El problema son los partidos de los empresarios que votan las Leyes reaccionarias contra los trabajadores.

Las direcciones sindicales tienen que abandonar su política impotente y contemplativa. Es necesario que convoquen a manifestaciones urgentes en las principales ciudades junto a las organizaciones de inmigrantes, denunciando el racismo y la xenofobia del Estado y sus partidos. Estas tienen que ser el inicio de una fuerte campaña en todo el Estado para acabar con la Ley de Extranjería y para que los trabajadores inmigrantes y sus familias tengan los mismos derechos que los nativos. Sólo de esta forma la clase obrera podrá estar unida y luchar por sus derechos e imponer una salida obrera a la crisis (distribución de las horas de trabajo, prohibir los despidos, etc).

Los sindicatos (CGT, IAC, CNT, etc.) y grupos políticos (CUP, izquierda, etc) contrarios a la Ley de Extranjería deben impulsar ya mismo reuniones y movilizaciones. Hay que demostrar que el problema no son los “barrios de inmigrantes”, que el problema es la criminal Ley de Extranjería y que hay luchar por la igualdad de derechos para todos los trabajadores. Hay que pararle los pies a las intentonas de derechas y xenófobas.

Los compañeros de Clase contra Clase estamos convencidos que sólo podremos parar las acciones racistas de las instituciones y los grupos fascistas a través de la lucha en las calles, movilizando a los amplios batallones de la clase obrera, demostrando que en la lucha los trabajadores se pueden unir y desplegar una enorme fuerza revolucionaria. Si los trabajadores nativos se ponen a la cabeza de estos reclamos se podrá soldar una unidad indestructible que pondrá en pie a la clase obrera española contra la crisis que los capitalistas nos están haciendo pagar.